Madrid, 7 de julio de 2026. El Colegio de Economistas de Madrid celebró la jornada “Ley 2/2026, de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid”, organizada por el Foro de Economistas Inmobiliarios.
La sesión reunió a representantes de la administración, del sector promotor, de la inversión inmobiliaria, de la arquitectura y del ámbito académico para analizar una norma llamada a tener un papel relevante en uno de los grandes retos económicos y sociales del momento: el acceso a la vivienda.
La jornada fue dirigida y moderada por Julián Salcedo Gómez, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio, quien situó el debate en torno a tres cuestiones clave: la necesidad de activar suelo existente, reforzar la seguridad jurídica y convertir la planificación en vivienda real.
La apertura corrió a cargo de José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que defendió que la vivienda no puede tratarse únicamente como una política sectorial. Es, señaló, una cuestión económica de primer nivel, vinculada a la competitividad, la movilidad laboral, la atracción de talento y la cohesión social.
Desde esa perspectiva, la Ley 2/2026 se presentó como una herramienta para actuar sobre el principal desequilibrio del mercado: la falta de oferta suficiente. La norma busca activar suelo ya disponible, simplificar procedimientos y facilitar la producción de vivienda protegida, pasando de la gestión de la escasez a la generación de nuevas oportunidades residenciales.
Durante la mesa de análisis, Carolina Roca Castillo, presidenta de ASPRIMA, puso el acento en la importancia de la colaboración público-privada. Recordó que la Administración puede crear el marco, pero son los promotores quienes deben hacer posible buena parte de la producción de vivienda. Por ello, defendió que el sector privado participe también en la fase de diseño de las normas, para que las medidas sean aplicables y no se queden bloqueadas por obstáculos técnicos o administrativos.
Desde la arquitectura y el urbanismo, José Antonio Granero Ramírez, socio fundador de Entreabierto y exdecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, recordó que no se trata solo de construir más viviendas, sino de construir mejor ciudad. Reivindicó una densificación bien entendida, integrada en entornos urbanos con servicios, espacio público, movilidad y calidad de vida. También planteó la necesidad de revisar algunos elementos que pueden afectar a la viabilidad de la vivienda protegida, como determinados estándares técnicos o exigencias de aparcamiento.
Por su parte, Rosa Gallego, CEO de Qliving Real Estate, aportó la visión de la inversión. Explicó que atraer capital hacia vivienda asequible exige seguridad jurídica, estabilidad y proyectos viables. En su intervención destacó que este tipo de normas puede abrir nuevas oportunidades de suelo y favorecer que los fondos apuesten por Madrid, siempre que la aplicación municipal sea clara y que los proyectos estén bien conectados con servicios, transporte y equipamientos.
La mirada académica llegó de la mano de Fernando Pinto Hernández, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio. Pinto valoró positivamente la orientación de la ley, aunque advirtió de que no será suficiente por sí sola para resolver un problema de gran magnitud. En su opinión, el reto exige más oferta, pero también financiación, seguridad jurídica, coordinación institucional y medidas que permitan movilizar vivienda y suelo de forma efectiva.
La clausura estuvo a cargo de Álvaro González López, delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, quien puso en valor el papel del Colegio y del Foro de Economistas Inmobiliarios como espacios de análisis riguroso. Frente al ruido que muchas veces rodea el debate sobre vivienda, defendió la importancia de hablar de precios, costes, incentivos, financiación, productividad, seguridad jurídica y tiempo: variables técnicas que tienen consecuencias muy concretas en la vida de las familias, los jóvenes y las ciudades.
La jornada dejó una conclusión clara: incrementar la oferta de vivienda protegida requiere normas ágiles, seguridad jurídica, colaboración entre administraciones y sector privado, y una visión urbana que no pierda de vista la calidad de vida.
Porque el reto no es solo construir más. Es construir mejor, más rápido y con capacidad real para responder a una necesidad social que afecta de lleno al presente y al futuro de Madrid.
Podéis acceder al vídeo íntegro de la jornada en este enlace.
