La sede de la Sección de Toledo del Colegio de Economistas de Madrid acogió el pasado 25 de mayo la presentación del estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales —REAF— del Consejo General de Economistas.
El informe ofrece una radiografía comparada de las principales novedades tributarias aprobadas por las comunidades autónomas y los territorios forales, permitiendo analizar cómo el ejercicio de las competencias normativas autonómicas incide en la carga fiscal efectiva de los contribuyentes.
En el caso de Castilla-La Mancha, el estudio sitúa a la región en una posición de fiscalidad moderada dentro del conjunto autonómico. No se trata de una comunidad situada en los extremos del mapa fiscal español, sino de un territorio con una política tributaria relativamente equilibrada y con incentivos orientados a determinados objetivos sociales, familiares, económicos y territoriales.
Durante la presentación se destacaron tres rasgos principales de la fiscalidad autonómica castellanomanchega: una moderación general frente a otras comunidades con mayor intensidad en beneficios fiscales; un uso relevante del IRPF como instrumento de política social y territorial; y una especial atención a ámbitos como la vivienda, los jóvenes, las familias, la empresa familiar, la actividad agraria, la discapacidad y los municipios en riesgo de despoblación.
El análisis comparado permite, además, observar diferencias significativas entre territorios. En el ámbito del IRPF, distintas simulaciones muestran que, para un mismo nivel de renta, la factura fiscal puede variar en función de la comunidad de residencia. En el caso de un salario bruto de 30.000 euros, los contribuyentes de Castilla-La Mancha pueden llegar a pagar hasta 328 euros más que en la Comunidad de Madrid, según los datos expuestos en la presentación del informe.
Más allá del dato concreto, el valor del estudio reside en su capacidad para explicar cómo las decisiones normativas autonómicas influyen en la tributación de ciudadanos, familias y empresas. La fiscalidad autonómica no solo determina diferencias de carga fiscal entre territorios, sino que también refleja prioridades de política pública, como el apoyo a la vivienda, la protección de colectivos vulnerables, el relevo generacional en la empresa familiar o la lucha contra la despoblación.
La jornada contó con la participación de representantes de las secciones territoriales del Colegio de Economistas de Madrid en Castilla-La Mancha, así como de responsables técnicos del REAF-CGE. Con carácter previo a la rueda de prensa, los representantes de los economistas de la región mantuvieron una visita institucional con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, para trasladar las principales conclusiones del informe y su incidencia en el ámbito fiscal autonómico.
Con esta presentación, las secciones territoriales del Colegio de Economistas de Madrid en Castilla-La Mancha refuerzan su compromiso con el análisis económico y tributario, la divulgación rigurosa de la información fiscal y el acercamiento a la sociedad de cuestiones de especial relevancia para ciudadanos, empresas, profesionales y administraciones públicas.
La fiscalidad autonómica es hoy un elemento clave para comprender las diferencias territoriales en España. Por ello, estudios como el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026 constituyen una herramienta útil para interpretar con rigor el sistema tributario, evaluar su impacto real y contribuir a un debate público informado.